Hasta 12 años de prisión alcanzarán quienes comercien, almacenen o transformen productos de la tala ilegal, afirma el diputado autor de la iniciativa aprobada
Morelia, Mich., a 01 de diciembre de 2011.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en sesión de Pleno una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos legales presentada por el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Agustín Torres Ibarrola, para endurecer las penas contra los talamontes y traficantes de madera con el objetivo de frenar e inhibir delitos como la tala ilegal, que dañan los bosques de todo el país.
El secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados recordó que el 29 de abril de este año, antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, presentó una iniciativa de reformas a los artículos 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 419 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que fue turnada a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia de la Cámara de Diputados.
Agustín Torres explicó que el objetivo fue desde un principio el endurecer las penas para que aquellos que ilícitamente comercien, acopien, almacenen o transformen madera producto de la tala ilegal y en cantidades superiores a los 4 metros cúbicos, incluyendo su equivalente en madera aserrada, sean sancionados con pena de entre 3 y 12 años de prisión y de 1 mil a 20 mil días de multa.
De acuerdo con la propuesta del diputado federal del PAN, se deberá imponer una pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3000 días de multa a quien ilícitamente transporte madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a dos metros cúbicos o su equivalente en madera aserrada.
Torres Ibarrola detalló que con la aprobación de las reformas los montos de las infracciones mínimas previstas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable pasarán del rango actual de entre 40 y 1,000 días de salario mínimo a un nuevo rango de entre 120 y 3,000 días de salario mínimo, mientras que las sanciones mayores, previstas actualmente en un rango de entre 100 y 20,000 días, pasarían a entre 300 y 60,000 veces el salario mínimo vigente.
Todas las sanciones antes propuestas, desde las corporales hasta las económicas, advirtió el también integrante de la Comisión Especial de Cambio Climático en la Cámara de Diputados, se incrementarán hasta en una tercera parte, a partir de la publicación y entrada en vigor de las reformas, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.
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